El punto más cuestionado es el proceso de designación de unos 1.500 Fiscales Públicos Electorales (Fipe) y de unas 15 mil autoridades de mesa. No hay precisiones sobre el escrutinio, la empresa a cargo, dónde y participación de fiscales partidarios.
Sostienen que todavía siga abierto el registro de voluntarios para ser autoridad de mesa, pese a que la norma fija que eso debe estar resuelto 30 días antes del comicio.
Por eso Frosasco demandó que el Tribunal detalle el número de total de Fipe y autoridades de mesa, con identificación y mecanismo por el cual fueron seleccionados; si se trata de afiliados al PJ; y también que se desagregue en qué circuitos hubo que recurrir a esta modalidad porque no alcanzaron los voluntarios que se inscribieron.
Ese último punto explicaría la situación paradójica que atraviesan no pocos docentes: muchos que se anotaron voluntariamente y se capacitaron, luego no fueron citados para presidir mesa; y a la inversa, sí fueron convocados otros que nunca se prepararon para esa tarea.
Según el Tribunal, esa situación se da, por ejemplo, en poblaciones del Gran Córdoba donde no alcanzaron los docentes inscriptos y habrá que enviarlos desde la Capital, mientras que en barrios de la ciudad de Córdoba hubo excedente de anotados y muchos voluntarios fueron desestimados.
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