Se trata de dos proyectos de resolución, uno asociado a multas de la Policìa Caminera y otro sobre nutrición infantil y su contención.
“Mediante un proyecto de resolución, el legislador de la UCR Luis Brouwer de Koning se dirige al Poder Ejecutivo y por su intermedio al ministro de Gobierno y Seguridad Walter Saieg, para que informe en un plazo no mayor de 7 días, sobre los rendimientos de multas de la Policía Caminera de la provincia, a los Municipios del interior provincial.
En el día de hoy las tarifas volverán a readecuarse a partir del incremento en la nafta. La unidad fija ascendió de 13.80 pesos a 14,40 pesos. La sanción máxima alcanzará los 17.280 pesos.
Cabe recordar que la Resolución 014/2010 de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito determina el mecanismo por el cual se establecerá el valor de la Unidad Fija de multa que se aplica a las infracciones en la jurisdicción provincial, y que el valor de las penalidades se establece en función de unidades fijas determinadas por el precio de la nafta súper de mayor octanaje. El valor de referencia que se toma es el del Automóvil Club de la Ciudad de Córdoba.
Este precio es consultado los días cinco de cada mes para determinar una posible adecuación, por lo que con el último incremento del combustible era de esperar una readecuación de las multas de la Policía Caminera.
Proponen monitorear el estado nutricional de la población infantil.
La legisladora provincial de la UCR Elisa Caffaratti presentó un proyecto de resolución por el que pretende instruir al ministro de Desarrollo Social Daniel Passerini, para que en forma urgente arbitre los medios que correspondan para monitorear el estado nutricional de la población de la provincia, especialmente de los niños y niñas.
También, que confeccione un mapa de la situación de riesgo e inseguridad alimentaria provincial; y rediscuta los términos del convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal con el gobierno Nacional, principalmente en lo referido al monto final que reciben los beneficiarios.
“Ante la alarmante situación social, en especial los índices de inseguridad alimentaria reconocidos por funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales-, se hace necesaria y urgente la revisión de los programas alimentarios de las distintas jurisdicciones y de los montos asignados al citado programa”, afirmó Caffaratti.
“La inseguridad alimentaria en nuestro país, y particularmente en Córdoba no es una problemática que debamos minimizar, menos aun ante la preocupante situación social que se hace visible entre otros signos en el aumento de la demanda de alimentos en diversas asociaciones y establecimientos píblicos que ejecutan programas alimentarios”, añadió la legisladora Radical.
Recientemente la Universidad Católica Argentina publicó el 4° Informe del Barómetro de la Deuda Social de la infancia. Entre sus objetivos dicho informe pretende elaborar un índice de seguridad alimentaria que permita analizar la situación de vulnerabilidad en el acceso a los alimentos en los hogares con niños/niñas, contemplando principalmente la imposibilidad del acceso al alimento por dificultades económicas.
Según los datos relevados por el informe del año pasado 2 de cada 10 niños se encontraban en situación de vulnerabilidad en el acceso a los alimentos, siendo mayores las probabilidades de no haber realizado las 4 comidas diarias en los hogares de la clase trabajadora marginal.
Tanto en el año 2012 como en el 2013 el bloque Radical acompañó el convenio firmado entre la provincia de Córdoba y la Nación para la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal.
Sin embargo en ambas oportunidades planteamos objeciones en relación a la ejecución del programa en coincidencia con el análisis que efectuara la Auditoria General de la Nación en relación a que el valor de las prestaciones no alcanza para cumplir con las metas propuestas, y que los aportes monetarios no aseguran una efectiva contribución para reducir la inseguridad alimentaria, puntualizó la autora del proyecto.
El aporte resulta insuficiente para reforzar la seguridad alimentaria de un hogar tipo. Cabe recordar que hasta el año 2013 el aporte por familia fue de $ 52 y a partir del 2014 este monto se elevó a $ 80 mensuales por familia. Asimismo el Radicalismo planteó la superposición y falta de coordinación de los diversos programas alimentarios que coexisten a nivel municipal, provincial y nacional.
Comments