Mediante una ley aprobada en la Legislatura anoche, se habilita a los municipios y comunas a otorgar un “certificado de factibilidad” a propietarios de lotes para su registro, con el objetivo de “agilizar el acceso a la tierra”.
En la práctica, la ley permite exceptuar de los trámites habituales contemplados en nueve leyes existentes que regulan el uso del suelo, el impacto medioambiental y la reglamentación de loteos, entre otras temas centrales.
La nueva ley está dirigida a los beneficiarios del programa provincial de acceso a la tierra “Lo Tengo”, pero es extensiva a otras urbanizaciones “en general” que “sean promovidas por el Estado Provincial” y las que “tengan como finalidad la construcción de viviendas unifamiliares para uso exclusivo y permanente del grupo familiar”, se señala en el primer artículo de la norma.
A partir de la promulgación de la ley, el “certificado de factibilidad” que entregarán los intendentes de municipios y comunas será la única herramienta válida para la registración de la tierra para este tipo de loteos.
La nueva norma establece que dicho certificado “reemplaza y sustituye todas las certificaciones, autorizaciones, resoluciones y actos administrativos que -conforme a la legislación suspendida por esta normativa- deben extender los distintos organismos administrativos provinciales, municipales o comunales para dejar expedito el trámite de ingreso, visación y protocolización de los planos del fraccionamiento en la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba”.
La ley delega amplias facultades a los intendentes y jefes comunales, lo que fue cuestionado por la oposición que, a excepción del legislador accastellista Fernando Salvo, rechazó el proyecto.
La normativa también prevé fuertes sanciones para aquellos municipios que incumplieran con lo estipulado.
Entre las leyes exceptuadas están la N° 4146 (Régimen de Fraccionamiento de Loteos), la N° 5735 (Régimen de Inmuebles Fraccionados en Loteos), la N° 7343 (Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente), la N° 8548 (Orgánica de la Dirección de Agua y Saneamiento), la N° 9595 (Convenio de Avance para el Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de Córdoba), la N° 9841 (Regulación de los Usos del Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba), la N° 9867 (Creación de la Administración Provincial de Recursos Hídricos) y la resolución N° 646/2005 (Certificado de Factibilidad de Agua), la N° 10208 (Política Ambiental Provincial de Córdoba) y el decreto N° 774/02 de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Reglamento de Comercialización de la Energía de Córdoba).
Mientras el oficialismo defendió la sanción del proyecto bajo los argumentos de hacer más accesible la tramitación registral de la tierra con fines para la construcción de viviendas, en la oposición marcaron varios puntos críticos en los que se apoyaron para rechazar la iniciativa.
Desde la UCR, Carlos Ciprian planteó coincidencias con el objetivo de fondo de la ley, pero se opuso a que se “eludan” trámites y se “desconozcan leyes” para lograr un fin. El legislador, además, pidió una mesa ejecutiva interministerial que ayude a hacer más eficiente la tramitación.
La Voz del Interior (síntesis) – Ente de Municipios y Comunas UCR
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