Nueve ejemplos de políticas públicas exitosas.

“Una decisión gubernamental, para ser política pública, tiene que trascender el gobierno y la administración que la diseña y gestiona, y satisfacer una o más necesidades sociales”, explica Nicolás Fernández Arroyo, director del Programa de Desarrollo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Las políticas públicas, agrega Fernández Arroyo, deben tener algunas características que las diferencien de una simple decisión de gobierno. “Tienen que ser participativas, es decir, legitimadas; representativas, productivas -eficientes políticamente-, transparentes y creativas”.


Nueve ejemplos de políticas públicas.


Categoría: Recuperación de patrimonio histórico
Ciudad: Santa Fe, provincia de Santa Fe.

El Mercado Norte de Santa Fe fue inaugurado en 1929 y durante muchos años sobrevivió como espacio para comercios minoristas. Ubicado en la zona céntrica de la ciudad, el Mercado Norte es un edificio emblema de la ciudad, tanto por su arquitectura como por su significado social: fue el epicentro de la vida de los inmigrantes de principios de siglo. Primero en la década del noventa y luego por la crisis de 2001, el mercado fue perdiendo brillo. El edificio se fue deteriorando, el municipio lo descuidó y perdió terreno frente a la oferta de supermercados y autoservicios barriales. En 2007 finalmente cerró.

En 2009 el municipio presentó y ganó un proyecto para recuperarlo y obtuvo una financiación cercana a un millón de euros por parte de la Comisión Europea EuropeAid. Luego de un estudio de la Universidad Nacional del Litoral sobre hábitos de consumo de productos frescos, se decidió que todo el nuevo mercado estuviera destinado a productores frutihortícolas regionales que venderían directo al público.

El año pasado se inició la recuperación arquitectónica de la nave central y del interior con materiales originales. Ya están inaugurados los locales del exterior del mercado, que estará totalmente recuperado a fin de año. El proyecto incluye la transferencia del know how de su recuperación a mercados municipales de otras ciudades. “Hemos realizado ese tipo de tareas con el Mercado Puerto de Valparaíso, al que apoyamos en la creación de alternativas de uso. También nos contactamos con el Mercado Norte de Córdoba y el Mercado Agrícola de Montevideo, con los que armaremos una red de mercados municipales”, dice José María Chemes, director de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior en la Municipalidad de Santa Fe.

Categoría: Transporte público
Ciudad: Salta, provincia de Salta.

En 2004 el sistema de transporte público de la ciudad de Salta estaba colapsado. Los servicios tenían constantes incumplimientos de frecuencias y recorridos; los vehículos, de un promedio de ocho años de antigüedad, sufrían una alta tasa de desperfectos mecánicos; la mayoría de las empresas estaba en quiebra, y sus empleados, en negro o fuera del convenio colectivo, además de que aumentaban los servicios de transporte ilegales.

Esto llevó a un alto nivel de subsidios a empresas de transporte interurbanas. Ese mismo año, la provincia declaró la emergencia del servicio público de transporte automotor de pasajeros e impulsó la aprobación de la Ley 7322, la cual instituye la región metropolitana de Salta (un conjunto de diez municipios que rodean la ciudad capital), funda un ente autárquico llamado Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) que planifique, regule y fiscalice el transporte automotor y establece que el transporte de colectivos será prestado por una sociedad anónima de capitales estatales llamada Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA).

Esto derivó en una serie de mejoras en la gestión: que el Estado pagara a las empresas concesionarias por kilómetro recorrido y otorgara premios por recaudación y modernización de la flota. Este año el sistema de transporte de Salta transportó un 47% más de pasajeros por día que en 2006, la antigüedad de la flota descendió a un promedio de 1,74 años y se crearon nueve líneas nuevas. “La reorganización del servicio de transporte impactó en el desarrollo urbanístico de la región, lo que influyó en la descentralización y en la aceleración del crecimiento de las localidades circundantes, y también en la generación de un usuario exigente”, dice Gustavo Serralta, presidente de AMT.

Hasta comienzos de los noventa, la basura que generaban los alrededor de 10.000 habitantes del partido de Laprida se acumulaba en un basural a cielo abierto ¿Cómo llegó a ser hoy uno de los municipios más limpios de la provincia de Buenos Aires?

Con una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que le permite clasificar, separar y acondicionar para el reciclaje la basura recolectada. Cerca de ocho toneladas diarias llegan a la planta -la mitad de ellas ya separadas por sus propios habitantes-, donde se divide automáticamente entre residuos orgánicos e inorgánicos.

Los orgánicos se juntan para que se vayan descomponiendo de manera natural y vuelvan a la ciudad como humus para fertilizar las plazas. Solo con ese proceso se elimina el 50% de la basura. El resto es separado por los operarios y alrededor del 25% de esos residuos se convierten en materiales reciclados; por lo tanto, de las ocho toneladas iniciales, solo dos se compactan y tienen como destino el relleno sanitario, un módulo integrado a la planta en 2007 que vino a finalizar el plan de tratamiento de recuperación y residuos de Laprida.

Al relleno sanitario va a parar la basura orgánica que no es reciclable. Estos residuos en seco, se compactan y enfardan, y terminan en celdas bajo tierra construidas con material impermeabilizante. Se estima que el actual relleno sanitario durará diez años y alcanzará su máxima capacidad en 2017, en gran parte gracias al proceso de separación y reciclado de la basura realizado previamente.

“Del proceso de separación de la basura participa el 50% de la población, lo que facilita el procesamiento posterior”, dice Juan Errobidart, secretario de Obra Pública de Laprida.

Categoría: Modernización de gestión pública
Ciudad: Rosario, provincia de Santa Fe.

Desde que comenzó con su proceso de informatización, la Municipalidad de Rosario se propuso hacer funcionar sus tecnologías sobre software no propietario, al punto que el primer servidor de internet que tuvo, en el año 1996, corría sobre el sistema operativo GNU/Linux.

Desde entonces, todos los proyectos de modernización se empezaron a desarrollar sobre software libre, pero fue en 2004 cuando una ordenanza del Concejo Municipal estableció la migración a esta tecnología: desde ese momento, pasó a ser una política pública municipal y comenzó la implementación del proyecto MUNIX, que consiste en que todos los puestos de trabajo y dispositivos móviles de los usuarios municipales funcionen sobre software libre, como el caso de la gestión de actas de infracción para inspectores municipales con móviles Android.

La Municipalidad preparó una distribución para los puestos de trabajo basada en Ubuntu con escritorio KDE, de Linux, y también incentiva el desarrollo de aplicaciones con empresas locales, como el caso del sistema SIAT (Sistema Integral de Administración Tributaria), o el gestor de turnos SGA libre, aunque se desarrolle en Brasil.

“El 80% de nuestra infraestructura corre sobre software libre”, dice Patricia Giardini, directora general de Informática, de Rosario. Además, la Municipalidad decidió educar en el uso de software no propietario lanzando un proyecto de inclusión digital, llamado Entre Todos, que consiste en un aula multimedia para jóvenes, completamente montada sobre software libre.

La recuperación de plusvalías urbanas consiste en implementar políticas que incrementen el valor de la tierra, y es una práctica poco legislada en nuestro país. Uno de los municipios que viene trabajando en este sentido es el de Trenque Lauquen, que mediante un programa llamado Contribución por Mejoras, logró revalorizar parte de su zona urbana y suburbana adquiriendo terrenos en desuso.

En 2008 una ordenanza municipal incorporó siete artículos a la ordenanza fiscal vigente, lo que posibilitó esta operación. Desde entonces, el municipio compró 511 terrenos (sobre 1.416 terrenos habilitados en todo el municipio, cifra que representa el 36% del total): se formó un “banco de tierras” que permitió regular los precios de los suelos lindantes. La operación de compra elevó el valor del resto de los terrenos, y así mejoró su cotización. Pero el negocio no solo es para los privados, sino también para el Estado.

“Al disponer de la propiedad de terrenos urbanizados, los recursos públicos de diferentes programas pueden ser utilizados para construir o equipar viviendas, en lugar de tener que invertir en comprar tierra para su construcción”, explica Luis Baer, consultor que llevó adelante este programa en Trenque Lauquen.

“Uno de los aspectos destacables del caso es que un municipio de tamaño medio logró incluir un instrumento de recuperación de la valorización del suelo generado por la acción urbanística, a pesar de las limitaciones normativas, la escasez de experiencia política e instrumental en la materia y la idiosincrasia patrimonialista que existe en el país cuando se pretende ejercer el derecho público”, agrega Baer.

Categoría: Seguridad
Ciudad: Lobos, provincia de Buenos Aires.

Hacia fines de los noventa, la ciudad de Lobos empezó a registrar un incremento de delitos atípicos para la zona, como homicidios, abusos sexuales, asaltos, robo de vehículos, robo de ganado en transporte y la proliferación de desarmaderos.

Así fue como en 2004 el municipio puso en práctica su plan de seguridad, que apunta a la prevención del delito e incluye un programa de contención e integración de niños y adolescentes en situación de riesgo, patrullas rurales, patrullas comunitarias y videocámaras en la vía pública. Desde su implementación, las estadísticas muestran una caída del delito a tal punto que algunos, como robo de automotores, de ganado, piratería del asfalto y violaciones, son de 0%. Y, en los más comunes, como robos a mano armada, se pasó de un promedio de ocho mensuales durante los años 1998-2004 a 0,85 de 2005 a 2013.

“Este plan de seguridad fue reconocido, debido a sus resultados, por el Senado de la Nación, por universidades nacionales y, en 2005, por el programa Naciones Unidas para el Desarrollo”, dice Javier Guarnerio, secretario de Gobierno de Lobos.

Categoría: Participación ciudadana
Ciudad: Malargüe, provincia de Mendoza.

Malargüe, el departamento más al sur de Mendoza, con un fuerte perfil productivo vinculado a la actividad petrolera, viene desarrollando un programa de democracia participativa con su Plan Estratégico Malargüe, que es una discusión abierta y pública entre sus habitantes para identificar, diseñar e incorporar estrategias de desarrollo.

Gracias al PEM, la comunidad malargüina definió su propia visión ( “Malargüe es una comunidad solidariamente organizada que genera oportunidades para todos y se integra al mundo con identidad propia” ) y le permitió al municipio establecer políticas públicas consensuadas entre el sector público, el privado y los habitantes.

Así fue como a lo largo de los últimos años, Malargüe construyó un Planetario (llamado Observatorio Pierre Auger, el único observatorio de rayos cósmicos del mundo), un centro de convenciones, un campus educativo, y desarrolló una incubadora de empresas.

Estas iniciativas nacieron del propio diagnóstico de la comunidad: déficit en la calidad del hábitat, poca diversificación y escaso valor de la producción local, fragilidad empresaria y disminución de la calidad educativa, entre otros aspectos. “Este proceso de planificación constituyó una posibilidad de reflexionar entre todos sobre la realidad del departamento y asumir el compromiso de llevar adelante un proyecto integral de desarrollo”, dice María Viollaz, del equipo del Plan Estratégico Malargüe.

Categoría: Finanzas públicas
Ciudad: municipio de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires.

Al presupuesto anual tradicional que todos los poderes ejecutivos deben hacer aprobar por las legislaturas, Mar del Plata ha sumado una modalidad llamada Presupuesto Participativo, mediante la cual la comunidad puede decidir qué proyectos alternativos a los previstos en el presupuesto municipal habría que ejecutar en cada barrio. Para su implementación, se dividió Mar del Plata, Batán y las áreas circundantes en diecisiete distritos barriales.

Los vecinos de cada uno de estos barrios deciden, por asambleas públicas y votación, cuáles son las obras que prefieren priorizar. De los 1.300 millones de pesos que conforman el presupuesto del partido de General Pueyrredón, el 80% se escurre en sueldos y contratos de grandes proveedores. Del 20% restante, un porcentaje que cada vez es mayor se destina al programa Presupuesto Participativo.

En 2008 fue de cinco millones de pesos; en 2010 (el programa se ejecuta cada dos años), de seis millones, y en 2012, de quince millones de pesos. Para 2014, los vecinos de Mar del Plata decidirán el destino de más de veinte millones de pesos.

En las tres implementaciones ya realizadas, los vecinos propusieron 420 proyectos, que van desde obras públicas como alumbrado o rampas, hasta equipamiento de bibliotecas o la creación de centros asistenciales de salud.

“Cada barrio prioriza según sus necesidades”, explica Santiago Bonifatti, ex secretario de Descentralización del partido y actual presidente del Ente Vial y de Alumbrado Público. “El presupuesto participativo es una herramienta de democracia directa pura”, dice Bonifatti.

Categoría: Transparencia en la gestión
Ciudad: municipio de Morón, provincia de Buenos Aires.

Morón cuenta con un portal de compras desde el cual es posible acceder a las compras públicas en curso y finalizadas, además de consultar los precios testigo de diferentes insumos para la gestión municipal. También existe un registro en línea para los casi 4.000 proveedores registrados del municipio.

En lo que va del año, el portal ha transparentado operaciones de compras y contrataciones estatales por más de 166 millones de pesos, que incluyen compras directas, concurso de precios y licitaciones. Además, en el portal de transparencia el municipio presenta las declaraciones juradas de los funcionarios, incluido el intendente y los secretarios, subsecretarios y directores. Asimismo, comunica acerca de las audiencias de gestión de intereses, en las que participa el intendente, sus secretarios o subsecretarios. Por otro lado, se publican trimestralmente noticias del presupuesto anual del municipio y su ejecución.

“También contamos con una oficina de libre acceso a la información pública, que obliga al Estado a brindar en no más de treinta días cualquier documentación que sea solicitada, con una defensoría del pueblo y una oficina anticorrupción”, explica Hernán Sabbatella, secretario de Gobierno de Morón. “Estas medidas generaron un círculo de confianza con el vecino”, asegura.



Revista Brando, diario La Nación.