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Cuestionamiento de la UCR por irregularidades en el cumplimiento del Código Electoral.

El punto más cuestionado es el proceso de designación de unos 1.500 Fiscales Públicos Electorales (Fipe) y de unas 15 mil autoridades de mesa. No hay precisiones sobre el escrutinio, la empresa a cargo, dónde y participación de fiscales partidarios.

Los apoderados radicales Diego Frosasco y Facundo Cortés Olmedo presentaron un escrito ante el Tribunal, en el que advierten sobre supuestas “irregularidades” en el cumplimiento del Código Electoral.

Sostienen que todavía siga abierto el registro de voluntarios para ser autoridad de mesa, pese a que la norma fija que eso debe estar resuelto 30 días antes del comicio.
Los apoderados de la UCR sospechan que por esa vía se podrían estar incorporando empleados públicos con vinculación con el oficialismo, a partir listados proporcionados por la Provincia.

Por eso Frosasco demandó que el Tribunal detalle el número de total de Fipe y autoridades de mesa, con identificación y mecanismo por el cual fueron seleccionados; si se trata de afiliados al PJ; y también que se desagregue en qué circuitos hubo que recurrir a esta modalidad porque no alcanzaron los voluntarios que se inscribieron.

Ese último punto explicaría la situación paradójica que atraviesan no pocos docentes: muchos que se anotaron voluntariamente y se capacitaron, luego no fueron citados para presidir mesa; y a la inversa, sí fueron convocados otros que nunca se prepararon para esa tarea.

Según el Tribunal, esa situación se da, por ejemplo, en poblaciones del Gran Córdoba donde no alcanzaron los docentes inscriptos y habrá que enviarlos desde la Capital, mientras que en barrios de la ciudad de Córdoba hubo excedente de anotados y muchos voluntarios fueron desestimados.

A su turno, Cortés Olmedo también señaló que la UCR pidió precisiones sobre los escrutinios provisorios y definitivo. Advirtió que todavía el Tribunal no les informó qué empresa realizará los conteos ni el software que utilizará, dónde se procesarán los datos, ni cómo podrán acceder a tal instancia los fiscales partidarios.
La Voz del Interior.

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